El Perú no está en guerra

Las masivas protestas contra el gobierno ocurridas hace unos meses han dejado una huella profunda en el país, y son el espejo frente al cual, Dina Boluarte observa su presente y también verá reflejado su futuro (y el de los funcionarios que la acompañan), más allá de su permanencia temporal en Palacio de Gobierno. En efecto, Boluarte y su colaborador/aliado más cercano, Alberto Otárola, decidieron (solo ellos saben si por acción u omisión) entrar a la historia llevando sobre sus hombros los más graves crímenes de violaciones de los derechos humanos desde el final del fujimorismo.

Las tragedias de Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca, Cusco, Virú, Pichanaqui, Arequipa, Carabaya, Ilave, Aymaraes y Lima fueron consecuencia directa de la decisión gubernamental de enfrentar las protestas – violentas algunas, pero pacíficas la mayoría, como lo señala la Defensoría del Pueblo – con una lógica beligerante y contraria a los principios de derechos humanos. Solo así se explican las decenas de muertes de personas alcanzadas por proyectiles de la policía y el ejército, las centenas de heridos y detenciones, el despliegue de miles de efectivos policiales y militares, el sobrevuelo de helicópteros militares en las ciudades del sur, las miles de bombas lacrimógenas lanzadas en las calles desde tierra y aire. Por cierto, mencionar estos hechos no significa ignorar los actos vandálicos cometidos por grupos de manifestantes que también afectaron la integridad de las personas y la propiedad pública o privada.

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